Editorial I
Los secuestros, el gran desafíoPublicado en edición impresa
Por causa de la singular trascendencia que le confiere el haber involucrado a una familia de reconocida actuación pública, el secuestro de Florencia Macri conmovió a nuestra sociedad, de suyo ya muy alarmada por el feroz recrudecimiento de los secuestros extorsivos. Se trata, sin duda, de una modalidad delictiva cuyos imprevisibles atropellos e insidiosas características incrementan en medida desoladora la hiriente sensación de inseguridad que embarga a la mayor parte de la población.
De momento, ese hecho en particular ha quedado resuelto mediante el presumible pago de un cuantioso rescate. Durante la madrugada de ayer se produjo la ulterior liberación de la joven estudiante, que estaba en manos de sus captores desde el martes último, cuando fue secuestrada en el barrio porteño de San Telmo, a poco de retirarse de una universidad a la que concurre. Felizmente, la hija menor del empresario Francisco Macri y media hermana del candidato a jefe del gobierno local y presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, no padeció tratos crueles o perversos que agravaran su infame cautiverio.
Hace pocos días, dos personas -una mujer de 26 años y un hombre de 56- fueron puestas en libertad en las inmediaciones del Acceso Oeste y a muy escasa distancia una de otra, también previo pago de rescate y después de un mes de haber estado ambos en poder de la misma banda. Tampoco habían sufrido ultrajes que hicieran más penosa su situación, pero las curiosas circunstancias de esa simultánea liberación dejaron subyacente la acre sensación de que los delincuentes habían realizado una flagrante demostración de soberbia e impunidad.
Quienes infieren esa interpretación no están equivocados. Los secuestros extorsivos tuvieron algún auge al promediar la primera mitad del siglo último y en la práctica se extinguieron hasta la década del 70 y principios de los años 80, en que resucitaron con características muy particulares, porque obedecían por lo general a móviles políticos o represivos.
Ahora, en cambio, esos delitos oscilan entre la modalidad de los secuestros exprés o al voleo, llevada a cabo por malhechores de baja estofa y que tienen por blanco a cualquier clase de personas, y las operaciones de alto vuelo, realizadas por bandas que actúan en forma premeditada y apuntan a a víctimas de nivel económico presumiblemente alto. Precisamente, son estas perversas asociaciones marginales las que pretenden amedrentar aun más a la sociedad, mediante la desfachatada exhibición de la impunidad con que actúan. En efecto, parecen complacerse en demostrar que disponen de audaces y seguros recursos para eludir la intervención policial y la acción de la Justicia.
Estudios fehacientes revelan que estos delitos están concentrados en la ciudad de Buenos Aires -18 casos en 2002, de los cuales seis fueron autosecuestros- y en el conurbano bonaerense, donde en ese mismo lapso se produjeron alrededor de 200 episodios del mismo tenor, mientras que resultaron ser esporádicos en el resto del país. Sea como fuere, tan criminal actividad golpea con suma dureza al conjunto de la sociedad -en especial si se trata de casos todavía irresueltos- y atenta contra la convivencia social, porque esparce la oprimente sensación de que nadie está a salvo, se encuentre donde se encontrare, de caer en sus aviesas garras.
Tal como ya se dijo en esta columna editorial, mientras sigan impunes los malhechores dedicados a esta salvaje modalidad delictiva y el Estado no intervenga en forma efectiva para prevenirla, descubrir a sus responsables y aplicarles condigno castigo, se corre el riesgo de que estas bandas se consoliden, aparezcan otras de cuño igualmente feroz, se perfeccione su modus operandi y, en definitiva, se caiga en un escenario más extenso y complejo. O sea que se establezca una verdadera industria del secuestro, que seguramente sería capitalizada en su provecho por las mafias también ocupadas en el tráfico de drogas y las múltiples variantes del contrabando.
De sobra ha llegado la hora de hacerle frente a ese descarado desafío criminal. Los dos candidatos a ocupar la presidencia de la Nación tienen la inexcusable obligación de hacerle saber a la ciudadanía cuáles son las acciones concretas y terminantes que proponen para empezar a ponerle punto final a esta pesadilla. Propuestas que, por cierto, deben estar despojadas de las conocidas ambigüedades proselitistas y, asimismo, de las manifestaciones meramente voluntaristas que a la postre a nada conducen. Sin dejar de encuadrar su acción dentro de los estrictos términos de la legislación vigente, las próximas autoridades deberán elaborar una respuesta concreta y contundente para terminar con esta estremecedora amenaza a la tranquilidad social.
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