10-09-2010 / 1:10: h
Agregó que "todo poder democrático debe aceptar la crítica pública, aunque sea dura", y consideró que "la guerra mediática" en Argentina "aún puede detenerse".
En un amplio informe sobre el tema, RSF subrayó que la ley SCA condena la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero es que ese casi monopolio "supone un problema real de pluralismo".
Aseguró, asimismo, que dicha ley no tiene ni siquiera de manera indirecta, el objetivo de "reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos".
"Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado", comentó Reporteros.
No hubo "censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación "no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esa confusión, a la vez falsa y peligrosa", concluyó.
RSF, que subrayó lo controvertida que fue siempre la relación entre la prensa y el gobierno "kirchnerista", en el poder desde 2003, representado desde el 2007 por Cristina Kirchner, destacó que la evolución legislativa actual es similar a la emprendida por otros países de la zona, como "Uruguay, Brasil, Ecuador y pronto Bolivia".
Todos ellos confrontados también "a una tradicional superconcentración mediática", destacó.
Esta evolución, "que incluye a la vez la despenalización de los delitos de prensa como en Argentina", va acompañada de la puesta en marcha de medios públicos hasta ahora débiles o inexistentes, añadió.
Agregó al respecto que "el desarrollo de un servicio de información pública -en la medida en que el poder que la promueve respete su independencia- tampoco supone ningún problema de principio".
La SCA "debe mantener su objetivo para corregir los desequilibrios del paisaje audiovisual, particularmente apremiantes en Argentina, y garantizar un mejor reparto de las frecuencias entre medios privados, medios públicos en desarrollo y medios comunitarios", estimó.
Razón por la que "apoyamos este texto, tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA", señaló Reporteros.
Ese texto es "fruto de una larga reflexión en la sociedad" y fue votado según las normas por mayoría en el Congreso, en octubre de 2009, para reemplazar a la normativa vigente desde la dictadura, "y según sus autores para democratizar el mercado de frecuencias", recordó.
La ley se debe aplicar con "un reparto justo de la publicidad oficial" y la garantía de imparcialidad "debe ser la misma en la atribución de las frecuencias", añadió.
En ambos casos debe hacerse "bajo la égida de una autoridad de regulación independiente" que incluya a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, agregó.
La libertad de prensa, como libertad editorial, no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación, "sobre todo los más importantes", recordó.
En el mismo informe, Reporteros evocó entre otros puntos principales la "extrema gravedad" de las "acusaciones del Gobierno hacia el Grupo Clarín en el caso Papel Prensa" y recordó que debe ser la justicia y no el Ejecutivo el que se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Propiedad mayoritaria del Grupo Clarín (49%), Papel Prensa es la principal empresa argentina dedicada a la fabricación de papel para diarios y acapara el 70 por ciento del mercado local.
Al respecto, RSF consideró "nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa" de un país, más aún cuando practica "una tarificación sin regulación". EFE
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